Gobierno propone nueva emergencia económica para recaudar $8 billones y atender daños por lluvias
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Germán Ávila Plazas
El Gobierno nacional anunció este martes 10 de febrero que declarará una nueva emergencia económica con el objetivo de atraer recursos por cerca de 8 billones de pesos colombianos para atender los daños causados por la intensa temporada de lluvias, especialmente en el departamento de Córdoba y zonas del Caribe colombiano.
La medida fue planteada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el marco de un Consejo de Ministros que se realizó en Montería, capital de Córdoba, donde explicó que la cifra estimada de recursos es necesaria tanto para la atención inmediata de damnificados como para la recuperación de infraestructuras y servicios afectados por los desbordamientos de ríos y las inundaciones que han dejado miles de familias sin vivienda y servicios básicos.
Según explicó el ministro Ávila, la propuesta de emergencia económica contempla la implementación de ajustes tributarios con enfoque progresivo, entre ellos un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que gravaría a empresas con patrimonios superiores a 200.000 unidades de valor tributario (equivalentes a más de 10.000 millones de pesos) con una tarifa marginal de 0,6 % hasta 600.000 UVT y una tarifa mayor para patrimonios superiores. El efecto fiscal de esta medida, calculó el Gobierno, permitirá recaudar los recursos requeridos.
La declaración de nueva emergencia económica se propone luego de que la Corte Constitucional suspendiera parcialmente el decreto anterior, y el Gobierno ha insistido en que la magnitud de la crisis —considerada un hecho “sobrevenido e impredecible” por los fenómenos meteorológicos— justifica el uso de este instrumento constitucional para movilizar fondos adicionales sin el trámite ordinario en el Congreso.
El ministro Ávila también vinculó la iniciativa con la presión fiscal que ha enfrentado la Nación, señalando que el hundimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Congreso y decisiones anteriores sobre el precio de la gasolina y otros ajustes han generado un contexto fiscal complejo, lo que, en su opinión, refuerza la necesidad de activar mecanismos excepcionales de financiamiento.
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