La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Educación Municipal, lidera un plan de intervención interinstitucional orientado a mitigar el incremento de altercados y problemas de convivencia detectados en diversos centros educativos de la capital casanareña.
Nelson González, vocero de la dependencia, informó que el trabajo se coordina de manera directa con los comités de convivencia escolar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Casa de Justicia y la Policía Nacional, con el fin de desplegar estrategias que permitan restablecer el orden y la seguridad en los entornos académicos.
De acuerdo con el diagnóstico de las autoridades, factores tecnológicos y digitales inciden de forma directa en las agresiones entre la población estudiantil. El uso inadecuado de dispositivos móviles y la propagación de retos virales en plataformas digitales, promovidos por creadores de contenido con impacto negativo, figuran como los principales detonantes de conductas hostiles tanto al interior como en las inmediaciones de los planteles. Aunque recientemente se reportaron riñas en la Institución Educativa Luis Hernández Vargas, la Secretaría aclaró que la problemática no es exclusiva de este plantel. Actualmente, las 25 instituciones oficiales del municipio disponen de equipos de psicorientación para abordar de manera preventiva las tensiones internas.
Como estrategia de mitigación, la administración municipal anunció el fortalecimiento de las escuelas de padres y solicitó corresponsabilidad a los generadores de contenido digital para evitar la difusión de conductas que inciten a la violencia. Paralelamente, se recordó la vigencia de medidas punitivas dirigidas a los acudientes.
Conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), los padres de familia son legalmente responsables de la conducta de los menores y pueden ser objeto de comparendos si sus hijos participan en riñas. El procedimiento policial contempla desde citaciones directas hasta el traslado por protección del menor, dando inicio a un proceso verbal ante un Inspector de Policía para ratificar las sanciones.
El marco normativo estipula penalizaciones económicas clasificadas en Multas Tipo 1 (equivalentes a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes) y Multas Tipo 2 (equivalentes a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes), además de la obligatoriedad de participar en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia. En escenarios donde la gravedad de la agresión sugiera desprotección o vulneración profunda, los expedientes son remitidos formalmente al ICBF para iniciar procesos de restablecimiento de derechos.
Finalmente, las autoridades enfatizaron que la responsabilidad civil por daños materiales o lesiones a terceros recae sobre los tutores legales, independientemente de los correctivos disciplinarios autónomos que determine cada colegio según su Manual de Convivencia.
