
El INPEC, no informó al Juzgado que había trasladado a Ferney Salcedo de la cárcel la Guafilla a la cárcel de la Picota en Bogotá.
Esto en el proceso que se le lleva a él y a siete líderes más por el delito de concierto para delinquir, como consecuencia de las protestas que hicieron contra la petrolera Frontera Energy en febrero de 2018.
Aunque la petrolera a través de comunicado de prensa dijo “la compañía reconoce y respeta la protesta social como un medio legítimo de expresión. Igualmente, tiene claro que es potestad de las autoridades estatales –tanto del poder Ejecutivo como del poder Judicial- intervenir en aquellos casos en los cuales se trata de restablecer el orden en respuesta a vías de hecho, como ocurrió en campo Cubiro en febrero de 2018”.
Sin embargo, en el comunicado de prensa omiten que ellos fueron los denunciantes ante la Fiscalía General de la Nación contra los líderes sociales, donde se les indilga que pertenecen a un grupo delictivo organizado de alta peligrosidad, denominado los jinetes de Careto, donde presuntamente cuentan con una estructura organizacional, jerarquía y recursos financieros, como lo hicieron ver en las primeras audiencias judiciales. Declaraciones hechas en su oportunidad por el abogado, el social y el profesional senior en seguridad de la empresa Frontera Energy.
De otra parte, el reportaje hecho por Caracol Televisión, el periodista hace énfasis que la multinacional advierte que no tiene nada que ver con el proceso de investigación y judicialización de estas ocho personas. Que no fueron capturadas por ejercer liderazgo social, ni por las protestas en contra de la compañía y que están siendo procesados por cinco delitos. Mientras Ecopetrol afirma que los convenios con la fuerza pública solo tienen como objeto investigar delitos como el hurto de combustibles y que la empresa no tiene injerencia en las decisiones del poder judicial.
Esto en respuesta a las Naciones Unidas sobre la situación de los líderes sociales en Colombia y los presuntos convenios entre Frontera Energy y Ecopetrol con la Fiscalía General de la Nación y la Brigada XVI, para que estas entidades se dediquen a cuidar los procesos de producción y transporte de crudo.
En la actualidad el abogado Harles Max Cortés Rodríguez, quien funge como coordinador de Fiscalías en el departamento de Casanare, fue el Fiscal que recibió las denuncias, declaraciones, ejecutó las órdenes de captura y llevó el proceso hasta finales de 2019, como Fiscal 135 contra el crimen organizado. El funcionario estaba adscrito a una Estructura de Apoyo (EDA), divisiones del ente investigador que se ocupan en atender los delitos contra el sector de hidrocarburos que funciona con dineros que empresas de este sector dan a la Fiscalía General o al Ministerio de Defensa a través de convenios.
Contacto Noticias ha solicitado de manera reiterada a la empresa Frontera Energy, a que conceda entrevista sobre este caso, debido a que este proceso judicial contra los líderes sociales, se remonta a la lucha que ellos venían surtiendo con Pacific Rubiales hoy Frontera Energy, por el pago aproximado de $2.600.000 millones de pesos, adeudados durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, donde se suscribieron varios acuerdos pero la compañía muy pocas veces honraba y si lo hacía, se realizaron a cuenta gotas.
Los líderes sociales involucrados en este proceso son, Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Josué Eliecer Rincón, María Teresa Rincón, Salcedo Betancourt, Ferney Salcedo, Yulivel Leal y Jesús Leal. De los cuales dos de ellos están en la cárcel de la Guafilla, uno en la Picota y el resto tienen detención domiciliaria.