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A pesar de aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía por cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito, el ex ministro de transporte, Gabriel García Morales, no se quiere defender desde la cárcel.
A través de su abogado le solicitó a los jueces que se revise la decisión que envió al exministro a la Picota por ser el responsable de recibir la tajada más grande de los sobornos de Odebrecht.
La medida de aseguramiento fue ordenada por el mismo juez que le recibió la aceptación de cargos, pero su posible libertad quedó a cargo del juzgado 54 penal y la definirá hasta el 28 de febrero, lo que de plano le garantiza a García Morales más de un mes tras las rejas.
Los argumentos para acudir a su libertad están en su estado de salud y que en criterio de su defensa no representa un peligro para la sociedad o para el proceso.
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