Los diálogos entre la comunidad, autoridades locales y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) concluyeron con una serie de acuerdos orientados a modificar las condiciones de la tarifa diferencial del peaje San Pedro, incluyendo una reducción en los valores, la ampliación de los beneficiarios y la simplificación de los requisitos para acceder a los descuentos. Según lo acordado, las medidas deberán entrar en vigencia en un plazo estimado de 45 a 60 días, una vez se expida la resolución correspondiente.
Entre los principales ajustes se encuentra la reducción de la tarifa diferencial para vehículos particulares (categoría I), que pasará de $6.400 a $3.700, frente a una tarifa plena de $20.300, lo que representa un descuento cercano al 81% para los usuarios beneficiados.
El nuevo esquema también amplía el número de vehículos por núcleo familiar que pueden acceder al beneficio, permitiendo el registro de hasta dos automotores por vivienda, en contraste con la autorización previa de un solo vehículo. Asimismo, se modifican las condiciones para mantener el descuento, al reducirse el requisito de tránsito mínimo de 20 pasos bimestrales a uno solo en el mismo periodo.
En materia de trámites, los acuerdos establecen una simplificación de los requisitos, de modo que únicamente se exigirá el certificado de residencia y la copia de la tarjeta de propiedad del vehículo, eliminando otros documentos que anteriormente eran necesarios.
Otro de los cambios relevantes es la ampliación de las categorías de vehículos cobijadas por la tarifa diferencial. El beneficio, que antes aplicaba solo para las categorías I y II, ahora se extiende desde la categoría I hasta la VII, lo que incluye vehículos livianos, volquetas y transporte de carga pesada, con descuentos que oscilan entre el 40% y el 61%, según el tipo de vehículo.
La cobertura geográfica del beneficio también se amplía. A los municipios inicialmente incluidos —Villanueva, Monterrey y Aguaclara— se suman Sabana Larga, en toda su jurisdicción, Barranca de Upía y San Luis de Gaceno, este último bajo condiciones específicas.
Los acuerdos son resultado de mesas de concertación en las que participaron delegados comunitarios, autoridades municipales y departamentales, y la ANI, entidad encargada de formalizar lo pactado mediante acto administrativo dentro del plazo anunciado.
