Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Las investigaciones por el intento de incineración de una buseta de servicio público en el sector de Llano Lindo, en Yopal, empiezan a tomar un nuevo rumbo. Aunque en el lugar fue dejado un panfleto alusivo al frente 28 de las disidencias de las FARC, las primeras indagaciones apuntan a que detrás del hecho estaría delincuencia común y no un grupo armado ilegal.
El ataque ocurrió en la madrugada de este jueves en el barrio Las Heliconias, donde fue atacado un vehículo afiliado a la empresa Coocatrans. Tras lo sucedido, unidades del Gaula y de la Sijín iniciaron las labores de inteligencia para verificar la autenticidad del panfleto hallado en la escena y establecer quiénes serían los responsables.
El secretario de Gobierno de Casanare, Julio Ramos, señaló que las autoridades avanzan con prudencia en el proceso investigativo y pidió esperar los resultados oficiales antes de confirmar cualquier hipótesis sobre presencia de grupos armados en la zona.
El funcionario reconoció que históricamente estructuras ilegales como el frente 28 han tenido influencia en áreas limítrofes con Arauca, pero aclaró que hasta el momento no existe evidencia que permita atribuir este hecho a esa organización. También advirtió que, en medio del ambiente preelectoral, podrían aparecer acciones orientadas a generar temor entre la ciudadanía mediante la circulación de panfletos intimidatorios.
De manera extraoficial se conoció que un hombre capturado en el sector habría confesado su participación en el ataque y aseguró que recibió 200 mil pesos para ejecutar la acción contra la buseta. Según las primeras versiones, esta persona no tendría relación con estructuras guerrilleras.
Las autoridades ahora concentran sus esfuerzos en identificar a quienes habrían ordenado el hecho y determinar si detrás del caso existe una red de delincuencia común dedicada a generar zozobra en la ciudad.
Entre tanto, la Gobernación de Casanare anunció el refuerzo de las medidas de seguridad con la llegada de 50 nuevos integrantes de la fuerza pública que permanecerán de manera permanente en el departamento para fortalecer la capacidad de reacción frente a hechos de alteración del orden público.
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