La precandidata presidencial Paloma Valencia y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui radicaron un proyecto de ley que propone modificar los mecanismos de juzgamiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con énfasis en los comparecientes pertenecientes a la Fuerza Pública.
De acuerdo con Paloma Valencia, la iniciativa busca garantizar la aplicación de la doble instancia y reforzar el principio de presunción de inocencia para los miembros de las instituciones militares y policiales que son procesados en el marco de este tribunal especial.
En el debate público, Esperanza Rojas, esposa del sargento José Vicente Rojas, juzgado por la JEP, expresó que la entidad ha limitado la participación de las víctimas en la elaboración de las sentencias, lo que, en su criterio, vulnera sus derechos.
Hasta la fecha, la JEP ha proferido dos sentencias de fondo con amplio impacto:
- Una contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa, sancionados con ocho años en modalidad restaurativa por su responsabilidad en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005.
- Otra contra siete exmiembros del último Secretariado de las FARC, quienes recibieron ocho años de sanción por delitos como secuestro, desaparición forzada y privación de la libertad.
Según datos citados por Caracol Radio, estas decisiones han generado 22 apelaciones y siete solicitudes de aclaración, lo que retrasaría la ejecución de los mecanismos restaurativos previstos, cuya implementación podría tardar cerca de 78 días.
