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Una vez más los propietarios y conductores de los buses que cubren las rutas escolares en las zonas rurales del departamento se ven en la penosa necesidad de realizar cese de actividades para exigir el pago de sus salarios por el trabajo realizado y el servicio prestado transportando niños de lugares apartados hasta sus escuelas, garantizando así el derecho fundamental a la educación.
“El cambio de gobierno no ha sido ninguna garantía para nosotros” dice uno de los conductores mientras denuncia que a pesar de todo lo que se manifiesta en los medios, el trasfondo es un tema político que garantiza oportunidades para aquellas personas que simpatizan con el partido de gobierno o que ayudaron en las pasadas elecciones, a manera de pago de favor.
Las denuncias, tanto de conductores como de propietarios, van más allá, para ellos hay serios casos de censura donde se les impide opinar o decir cualquier cosa en contra del gobierno departamental o el consorcio responsable del contrato, en medios de comunicación o a través de los grupos de WhatsApp so pena de ser retirados de la operación entendiendo que esto significa que se quedarán sin su única fuente de sustento.
La denuncia se ha hecho en diferentes medios de comunicación y pare no haber tenido eco en los responsables de los contratos de la prestación de esos servicios que a la fecha adeudan alrededor de 4.500 millones de pesos en todo el departamento. Estos pagos corresponden al mes de noviembre y diciembre de propietarios y el pago del año 2020 a conductores y monitores.
Al respecto varios testimonios entre anónimos y con nombre propio, se han escuchado argumentando varias irregularidades, quienes presentan su denuncia ciudadana como anónimo son aquellos que aún se encuentran activos y temen ser despedidos, otros casos como el de el licenciado Julio preciado quien prefirió retirarse del servicio de transporte escolar hablan con claridad sobre las cosas que asumen que no están bien para ellos como trabajadores.
Ante la ola de denuncias, consultamos con la secretaria de ecuación departamental, Elizabeth Ojeda Rodríguez, quien manifestó que ante su oficina no ha recibido la primera denuncia seria que amerite solicitar intervención de los organismos de control. La funcionaria argumentó que es irresponsable denunciar en los medios cuando no han radicado algún documento con el material probatorio para proceder a investigar. Se mostró atenta a las solicitudes y dijo que estar dispuesta a escuchar todas las inquietudes de la comunidad cacsanareña.
Por su parte Emiliano Duarte confirmó a Contacto Noticias que, dada la negativa para realizar los pagos, irán nuevamente a cese de actividades para llamar la atención y buscar así una pronta solución. Duarte reprocha que las planillas están siendo devueltas por cualquier cosa y entre ellas menciona enmendaduras, dobleces en las hojas, manchas en las mismas entre otras y asegura que cada devolución implica meses de retraso.
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