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Con la presentación del proyecto “Apoyo financiero para el pago de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 del Departamento de Casanare” presentado por Enereca ante el OCAD y mientras los trámites se surten en el Organismo Colegiado Departamental, los usuarios tendrán que esperar hasta la facturación del mes de mayo y junio para que sean beneficiados con los recursos de regalías. Los dineros asignados por el proyecto, cubrirían consumos desde el mes de abril. En términos más sencillos: los usuarios deberán pagar completa la factura que llegó con cobros de los consumos del mes de marzo y de acuerdo con los avances, la próxima factura estaría reflejando los resultados de las propuestas consignadas en el proyecto.
El descontento social en el Departamento de Casanare es generalizado y con tendencia al crecimiento, por el incremento sustancial del valor en la facturación del último trimestre por concepto de cobro en el servicio de energía eléctrica, especialmente ante la situación de emergencia social y económica por Covid-19, donde la comunidad se encuentra en confinamiento preventivo obligatorio con posibilidad restringida de obtener ingresos.
Miembros de la Veeduría Ciudadana de Servicios Públicos de Casanare, creada por iniciativa de los mismos usuarios, manifestaron la urgencia de que el Gobierno Nacional y los entes territoriales, concreten las acciones para cubrir el cien por ciento del valor de la factura del mes de abril, mayo y junio.
Desde que se recibieron las primeras facturas con cobros exagerados en el norte, la comunidad empezó a denunciar en sus redes, llamando la atención de sus líderes políticos; llamado que respondió el Diputado Alejandro López, quien a través de diferentes derechos de petición y escritos presentados ante Enerca y la gobernación, buscaba ayudar a la comunidad a entender la situación y buscar soluciones ante sus solicitudes.
El 2 de abril de 2020, ante la Gobernación de Casanare y Enerca S.A E.S.P, el diputado solicitó información sobre tarifas, facturación, costo kilovatios/hora ($ K/WH) y copia digital de contratos de compra de energía eléctrica a corto y largo plazo para usuarios regulados en el Departamento de Casanare, con el objetivo conocer las razones de los incrementos en los recibos en estos últimos meses.
Menciona el Asambleísta, que la falta de planeación estratégica en la compra de energía a largo plazo por parte de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP – ENERCA S.A. E.S.P, expuso a los casanareños, en un alto porcentaje al mercado mayorista de energía eléctrica en el país, y que ésta negligencia administrativa está perjudicando a las familias más vulnerables del Departamento, se anuncian desde la asamblea Departamental, debates de control político por la facturación del último trimestre.
López solicitó al gobernador Salomón Sanabria, que el Departamento, asumiera con recursos de regalías el costo de los periodos de facturación del mes de abril, mayo y junio por la difícil situación que viven las familias por la falta de ingresos en tiempos de aislamiento obligatorio.
Las respuestas no se han hecho esperar, debido al malestar general y la presión de las redes sociales. La EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P, anunció que, con base en el Decreto Legislativo No. 517 de fecha 04 de abril de 2020, presentó el proyecto “Apoyo financiero para el pago de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 del Departamento de Casanare”, por el valor de catorce mil cuatrocientos veinticinco millones trescientos mil novecientos noventa pesos. ($ 14.425.303.990).
Finalmente el gobernador Salomón Sanabria y la gerente de ENERCA, María Nidian Larrotta, solicitaron al Ministerio de Minas y Energía, durante una reunión virtual, Brindar apoyo al departamento de Casanare para subsidiar el servicio de energía y gas a los estratos más bajos durante la emergencia sanitaria.
Se busca que dentro del marco de los decretos legislativos 517 y el 417 de 2020, se pueda determinar la necesidad de garantizar la prestación efectiva y continua de estos servicios públicos, como apoyo a la población vulnerable y de bajos recursos.
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