admin 
El 11 de febrero de 2017 el Mega colegio Granja Merecure de Paz de Ariporo, cumplió 6 años de haber iniciado la primera etapa de su construcción, sin embargo, a la fecha no se ha culminado y, la infraestructura que en la actualidad existe para lo único que sirve es para albergar habitantes de calle, consumidores de alucinógenos y delincuentes comunes.
Éste contrato fue suscrito en el mandato de Oscar Iván Raúl Flórez Chávez, por un valor de 9.499 millones de pesos, dándosele a la firma contratista “Unión Temporal Megapaz” en su momento un anticipo del 40%; posteriormente la obra fue suspendida en forma definitiva en el año 2013, desde ese entonces padres de familia y líderes comunitarios han venido advirtiendo que se encuentran en riesgo los recursos y el patrimonio público.
Por su parte Jorge Enrique Pérez, actual Personero de la localidad inicio una acción popular como medio de control judicial, para proteger derechos e intereses colectivos de la población frente a una obra que se convierto en referente de corrupción y desidia en el municipio de Paz de Ariporo. Dentro de las pretensiones de esta acción judicial está el reanudar el contrato de obra y lograr la terminación definitiva del colegio.
Alcaldes sí podrán vetar proyectos mineros: Corte Constitucional
La Corte Constitucional dejó en firme el fallo que permite a los alcaldes del país vetar proyectos mineros en sus municipios si consideran que eso puede afectar su medio ambiente.
Con información de RCN Radio.
Tras un fuerte debate la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó el fallo de una tutela en el cual estableció que los alcaldes y autoridades regionales sí pueden oponerse a que zonas de sus regiones sean usadas para la minería.
La decisión la tomó la corporación judicial, al argumentar que no se debe afectar el principio de la autonomía territorial que deben tener todas las autoridades regionales para decidir qué proyectos pueden ejecutarse en su territorio.
En ese punto indicó la Corte que antes de realizarse un proyecto minero se deberá escuchar a los entes territoriales locales y regionales que ya tendrán voz y voto para interponerse si estos afectan su región.
Igualmente, la Corte recordó que el Gobierno debe hacer una investigación sobre el impacto que ha tenido la minería en los ecosistemas colombianos.
About The Author
