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La situación de la población víctima del conflicto armado en Casanare ya se encuentra en condiciones de precariedad, según informó José Alirio Barrera, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas. Argumenta que en su gran mayoría esta población está constituida por personas que viven del día a día o personas que se dedican a trabajos como la costura que se han detenido por causa del COVID-19 y la directriz nacional de aislamiento preventivo obligatorio.
En esto momento demandan de los gobiernos locales y al gobierno nacional, solidaridad y atención a sus peticiones, pues se conocen los anuncios presidenciales, pero a ellos no les toca parte de esas ayudas de las que habla el gobierno central.
La preocupación radica en que no todas las víctimas pertenecen a programas como familias en acción. “Van allegar 66 giros al departamento y 218 ayudas humanitarias que no sobrepasan los 240 mil pesos. Somos 76 mil víctimas del conflicto armado y muchas de las víctimas viven del diario, del rebusque, venden jugos, muchas de estas familias viven de coser y está todo cerrado, pues obviamente no van a tener como ganarse mil, dos mil o tres mil pesos, que es lo que recaudan para mantener a su familia”. Asegura José Barrera, mientras recuerda que las alcaldías pueden utilizar el decreto de corresponsabilidad. “Ese decreto faculta a las administraciones del ente territorial a que giren unos recursos o unas ayudas inmediatas de emergencia, si es emergencia por solidaridad lo que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, nos faculta a las víctimas del conflicto armado a recibir unas ayudas de emergencia”, agrega Barrera.
En ese sentido hacen un llamado a que las administraciones municipales articulen con las organizaciones sociales de víctimas que hacen parte de las mesas municipales.
Escuche la entrevista en el siguiente audio.
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