El Consejo de Estado admitió una demanda que busca la pérdida de investidura de nueve congresistas, en el marco de las investigaciones por el presunto desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La acción judicial fue presentada por el abogado Pablo Bustos y está dirigida contra cinco senadores y cuatro representantes a la Cámara, quienes han sido mencionados en distintos testimonios y actuaciones judiciales relacionadas con el caso. Los senadores demandados son Martha Peralta, del Pacto Histórico; Berenice Bedoya, de la Alianza Verde; Julio Elías Chagüi, del Partido de la U; Liliana Bitar, del Partido Conservador; y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal.
En la Cámara de Representantes, la demanda cobija a Wadith Manzur; Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador; Julián Peinado, del Partido Liberal; y Karen Manrique, elegida por las curules de paz. Según el demandante, los congresistas habrían incurrido en conductas que podrían configurar causales de pérdida de investidura, figura conocida como “muerte política”.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado inicia el estudio de fondo del caso, lo que implica la recolección y valoración de pruebas antes de tomar una decisión definitiva. El proceso no supone, por ahora, una sanción, pero sí abre formalmente el camino para que se determine si los congresistas incurrieron o no en faltas que ameriten la pérdida de su investidura.
