Fiscalía radica escrito de acusación contra exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. Con este paso procesal, se da inicio al juicio contra los ex altos funcionarios, quienes son señalados por su presunta responsabilidad en el esquema de corrupción detectado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos enfrentan cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en un expediente que ha salpicado a diversos sectores del poder ejecutivo y legislativo.
De acuerdo con la tesis del ente acusador, Bonilla y Velasco habrían coordinado el direccionamiento de recursos y contratos públicos con el fin de obtener el respaldo de varios congresistas para iniciativas gubernamentales clave. Las investigaciones sugieren que estos movimientos de capital se habrían pactado a cambio de votos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, así como en los debates de las reformas a la salud y pensional. Los exministros permanecían privados de la libertad desde diciembre del año pasado por orden de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, del Tribunal de Bogotá, cumpliendo medida de aseguramiento en centros de reclusión policial en el norte de Bogotá y la ciudad de Cali.
El entramado judicial también ha generado acciones contundentes contra miembros del Congreso de la República. La Corte Suprema de Justicia ordenó recientemente la captura de los legisladores reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes se encuentran en prisión a la espera de definir su situación jurídica antes de la instalación del nuevo periodo legislativo el próximo 20 de julio. Asimismo, el alto tribunal llamó a juicio a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, bajo la sospecha de haber facilitado el trámite de las reformas gubernamentales mediante acuerdos irregulares vinculados a la misma estructura de la UNGRD.
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