El Gobierno Nacional radicó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado con el objetivo de revertir la suspensión provisional del decreto que ordena a los fondos privados de pensiones trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones. La medida, que daba un plazo máximo de 30 días para efectuar el giro, fue frenada por el alto tribunal al considerar que la norma excedía lo aprobado en la reciente reforma pensional. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la decisión judicial calificándola de «exprés» y aseguró que el fallo se tomó sin un análisis técnico completo sobre el impacto que genera en el sistema público de seguridad social.
La defensa del Ejecutivo sostiene que el decreto busca corregir un desequilibrio financiero, argumentando que Colpensiones ya está asumiendo el pago de pensiones de miles de ciudadanos que se trasladaron de régimen, pero sin recibir los ahorros que deberían financiar dichas obligaciones. Según el Ministerio, las administradoras privadas conservan recursos que ya deberían estar en las arcas del Estado para cubrir las mesadas actuales. La normativa suspendida exigía que el 50% de los fondos se girara en un término de 20 días y el resto en los 10 días siguientes, incluyendo aportes, rendimientos financieros y valores adicionales acumulados.
No obstante, el Consejo de Estado advirtió en su providencia que el decreto contradice el artículo 76 de la misma reforma pensional, el cual garantiza que el ahorro de los ciudadanos debe seguir siendo administrado por los fondos privados hasta que se consolide el derecho pensional. Para el tribunal, el Gobierno intentó sustituir una regla legal por una administrativa, imponiendo la exigibilidad del traslado de dineros de personas que, aunque cambiaron de régimen en la denominada «ventana de traslado», aún no cumplen los requisitos para pensionarse.
Este recurso de súplica es una herramienta jurídica a la que el Gobierno ha acudido en ocasiones anteriores frente a medidas cautelares similares, como ocurrió con el decreto del incremento del salario mínimo. Mientras la reforma pensional continúa bajo revisión integral en la Corte Constitucional, el sistema permanece en una zona de incertidumbre jurídica. Se espera que en las próximas semanas el Consejo de Estado resuelva si mantiene la suspensión del decreto o si permite que los 25 billones de pesos pasen al control estatal para aliviar la caja de Colpensiones.
