El Gobierno nacional anunció la suspensión inmediata de los diálogos en la mesa de paz urbana tras conocerse detalles de una fiesta vallenata realizada al interior de la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí. En este centro penitenciario se encuentran recluidos 16 cabecillas de diversas estructuras criminales del Valle de Aburrá, quienes fungen como voceros en el proceso de paz socio-jurídica. El evento habría contado con la presentación del cantante Nelson Velásquez, quien, según denuncias de la concejal Claudia Carrasquilla, habría cobrado una suma de 100 millones de pesos por el espectáculo privado dentro del penal.
Como respuesta, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, ordenó la salida del director encargado de la cárcel, Édgar Iván Pérez, y del comandante de vigilancia del establecimiento. Asimismo, se dio apertura a una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de turno durante la realización del evento, mientras que una comisión especial enviada desde Bogotá ya adelanta la recolección de pruebas. Gutiérrez fue enfático al señalar que cualquier director de centro penitenciario que permita escándalos o fugas deberá abandonar su cargo de manera fulminante.
Por su parte, el Espacio de Conversación Socio-Jurídico, instancia que coordina los acercamientos con estas estructuras, rechazó de manera contundente lo ocurrido y decidió congelar la interlocución con los voceros hasta que se determine su grado de responsabilidad en la organización de la fiesta. Cabe recordar que estos delegados criminales cuentan actualmente con la suspensión de sus órdenes de captura por un periodo de seis meses, medida que solo tiene vigencia en los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro, como parte de las garantías otorgadas para avanzar en el desmantelamiento de bandas en Antioquia.
