El exministro de Defensa y actual embajador ante El Vaticano, Iván Velásquez, desautorizó de manera categórica las declaraciones y compromisos que el primer comisionado de paz, Danilo Rueda, formuló en septiembre de 2022 a un cabecilla del Clan del Golfo. El pronunciamiento se produjo luego de la difusión en medios de comunicación de un registro de audio en el cual Rueda, durante un encuentro exploratorio con alias Jerónimo, ofreció garantías operativas que incluían la supuesta suspensión de bombardeos aéreos y la depuración de oficiales pertenecientes al Ejército, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia del Estado. Velásquez enfatizó a través de un comunicado oficial que dichas afirmaciones comprometen de forma exclusiva al excomisionado, quien deberá asumir la responsabilidad y comparecer para brindar las explicaciones pertinentes ante la opinión pública.
En su argumentación técnica, el exjefe de la cartera de Defensa aclaró que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz carecía de competencias legales para incidir en la permanencia o exclusión de los miembros de la cúpula militar, precisando que la evaluación de los mandos se estructuró de manera autónoma desde el periodo de empalme presidencial sin la intervención de Rueda. Asimismo, Velásquez desmintió que se hubiese pactado un cese generalizado de las operaciones de bombardeo con la organización criminal, reiterando que la única restricción gubernamental adoptada se limitaba estrictamente a los campamentos donde se constatara la presencia de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado. Las estadísticas presentadas por el exministro reseñan que durante sus casi tres años de gestión, que concluyó con su renuncia en 2025, las Fuerzas Militares lograron la captura de 5.063 integrantes de esa estructura, el sometimiento de 491 de sus miembros y la baja en combate de otros 137 operacionales.
Informes de los organismos de inteligencia nacional y de centros de pensamiento especializados indican que el Clan del Golfo registró un incremento sustancial en sus capacidades bélicas, de control territorial y de pie de fuerza durante el presente mandato constitucional. Los consolidados estadísticos reflejan que la organización armada pasó de contar con cerca de 4.000 integrantes en 2022 a un estimado que roza los 10.000 miembros para el año 2025, extendiendo simultáneamente su área de injerencia delictiva de 200 a 292 municipios. Los analistas de seguridad recordaron que este proceso de expansión se consolidó en ausencia de un cese al fuego bilateral regulado, previo a la instalación formal de la mesa de negociaciones bilaterales que el Gobierno Nacional formalizó en el país de Qatar en septiembre de 2025.
