Sindicato de procuradores demanda decreto que reduce el salario de los congresistas.

El decreto presidencial que establece la reducción de los salarios de los congresistas a partir del próximo 20 de julio enfrenta su primer desafío jurídico ante el Consejo de Estado. El Sindicato de Procuradores Judiciales, conocido como Procurar, radicó esta semana una demanda de nulidad contra la norma firmada por el presidente Gustavo Petro, argumentando una afectación colateral en la escala remunerativa de la rama judicial y el Ministerio Público.

La tesis de los demandantes se fundamenta en la estructura piramidal de los salarios oficiales en Colombia. Según el sindicato, basándose en conceptos de Función Pública, la asignación mensual de los procuradores judiciales —que actualmente oscila cerca de los 40 millones de pesos— está ligada a la de los magistrados de los tribunales ante los cuales ejercen su representación. A su vez, el sueldo de estos magistrados depende directamente de la asignación de los miembros del Congreso. Por lo tanto, una reducción en la base salarial legislativa implicaría un descenso automático en los ingresos de los funcionarios de la Procuraduría.

Dentro de la acción judicial, el sindicato solicitó una medida cautelar de urgencia para suspender los efectos del decreto mientras el tribunal estudia el fondo del asunto. Esta petición guarda similitud con la reciente suspensión del decreto del salario mínimo para 2026, lo que genera una nueva expectativa de parálisis jurídica sobre una de las medidas más mediáticas del Ejecutivo.

El trámite de esta demanda presenta un complejo escenario para el Consejo de Estado. Debido a que el salario de los propios magistrados del alto tribunal también está anclado a la remuneración de los congresistas, se anticipa que la mayoría de los integrantes de la corporación deberán declararse impedidos para dirimir el pleito. Este posible conflicto de intereses obligaría al nombramiento de conjueces para resolver si el decreto presidencial se ajusta o no a la Constitución y a los derechos adquiridos de los servidores públicos de carrera.