El diputado Heyder Alexander Silva García interpuso una demanda electoral ante el Tribunal Administrativo de Casanare contra la elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental para el periodo 2026, integrada por los diputados Henry Pérez (presidente), Luz Mery Niño Chaparro (primera vicepresidenta) y Juan Fernando Mancipe (segundo vicepresidente).
En el documento judicial, Silva García solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del acto de elección, argumentando que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades tanto jurídicas como administrativas.
Uno de los puntos centrales de la demanda es la presunta omisión del trámite de una recusación colectiva interpuesta por la ciudadana Jennifer Barragán contra todos los diputados de la corporación.
Según el demandante, esta recusación impedía legalmente continuar con el proceso electoral interno, pero no fue resuelta por las autoridades competentes, como la Procuraduría Regional o la Comisión de Ética de la Asamblea. En su lugar, el presidente de la corporación en ese momento, el diputado Juan Fernando Mancipe, la rechazó directamente mediante la Resolución No. 074 del 22 de julio de 2025, sin que dicha resolución quedara en firme, lo cual –a juicio del demandante– constituyó una violación al debido proceso.
Otro de los argumentos expuestos en la demanda apunta a que la elección anticipada de la Mesa Directiva, realizada en julio, fue posible gracias a una reforma al reglamento interno aprobada mediante la Ordenanza 004 de 2025, la cual también estaría viciada. Silva asegura que para permitir esa modificación se retiró de manera irregular un proyecto normativo anterior que ya había sido aprobado en primer debate, lo que, según él, representa una alteración al procedimiento legislativo interno.
Como parte de sus pretensiones, el diputado Heyder Silva solicita al Tribunal:
- La nulidad de la elección de la Mesa Directiva 2026.
- La inaplicación tanto de la Resolución 074 como de la Ordenanza 004.
- Que se adelanten investigaciones disciplinarias contra los diputados presuntamente responsables de las irregularidades señaladas.
El caso ahora queda en manos del Tribunal Administrativo de Casanare, que deberá evaluar si concede o no la medida cautelar solicitada y si existen méritos para avanzar con la demanda de nulidad.
