Sanción de cinco días de arresto a la directora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas –UARIV- Paula Gaviría Betancur y a la directora de reparaciones de la entidad, María Eugenia Morales Castro, impuso el Tribunal Administrativo de Casanare por desacato de fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal al negarse a responder un derecho de petición.
La orden emitida en la sentencia del 12 de noviembre fue clara al establecer que en el término de 48 horas se debía dar respuesta de fondo en forma clara, precisa y congruente a la solicitud de Agustín de Jesús Castrillón Muñetón presentada el 25 de septiembre de 2015.
El Tribunal afirma que el Juzgado evidenció que pese a las órdenes contenidas en el fallo las funcionarias guardaron silencio absoluto y pasados tres meses desde que fue notificado no se conocen las razones del incumplimiento.
Se hace así evidente la negligencia de las funcionarias de la UARIV destinatarias de la orden dada y por ello se confirma la declaratoria de desacato en donde se advertía que como la entidad no se había pronunciado había lugar a sanciones pecuniarias y cinco días de arresto para cada una de las funcionarias mencionadas.
Se advierte que el cumplimiento de la sanción no hace desaparecer la situación de desacato ni libera a la entidad de sus obligaciones de responder el derecho de petición. Igualmente se reitera la sanción de multa por cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La decisión se remitirá los fallos al CTI de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá y al director del Inpec para que asigne el sitio donde se purgarán los días de arresto.
Castrillón Muñetón solicita información sobre sus derechos como ciudadano de la tercera edad y víctima de desplazamiento forzado en virtud del conflicto armado.
