El Consejo de Estado programó para el próximo 8 de octubre de 2025, a las 3:00 p. m., la audiencia pública que definirá el futuro político del congresista David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y una de las figuras más cercanas al Gobierno nacional en esa corporación.
El proceso corresponde a una solicitud de pérdida de investidura, que podría derivar en la salida inmediata de Racero del Congreso y en su inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo determinado.
La demanda fue presentada por Samuel Ortiz, estudiante de Derecho, bajo el argumento de presunto tráfico de influencias. El señalamiento se apoya en la filtración de audios y conversaciones que relacionarían a Racero y al director del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, con maniobras para direccionar procesos de contratación en esa entidad.
De acuerdo con la denuncia, se habría intentado beneficiar a allegados del congresista en concursos públicos de selección, situación que la Procuraduría General de la Nación describió como un posible intento de manipular nombramientos en la institución.
El caso tomó relevancia tras revelarse que Racero habría gestionado cuotas en el Sena, lo que fue interpretado como un acto de clientelismo. Paralelamente, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y la Corte Suprema de Justicia adelanta indagaciones sobre presuntas transferencias y depósitos a cuentas de colaboradores y familiares del congresista, incluido un movimiento por más de cinco millones de pesos.
También enfrenta cuestionamientos por el presunto uso de funcionarios de su Unidad Legislativa en actividades privadas y por supuestas exigencias de parte de sus salarios, hechos que el representante ha negado, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.
En la audiencia, la Sala 19 Especial de Decisión del Consejo de Estado escuchará los alegatos finales antes de tomar una decisión. En caso de un fallo desfavorable, Racero perdería su curul y quedaría inhabilitado para aspirar al Senado en 2026.
De confirmarse la llamada “muerte política”, el Pacto Histórico perdería a uno de sus voceros más visibles. Por ahora, Racero sostiene que es inocente y asegura que demostrará que no incurrió en prácticas de clientelismo.
