Elección del contralor de Casanare es suspendida tras filtración de resultados técnicos
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Asamblea Departamental de Casanare decidió suspender la elección del nuevo contralor para el periodo 2026-2029, luego de que se revelara una presunta filtración anticipada de los resultados de las pruebas técnicas aplicadas a los aspirantes. La Mesa Directiva de la corporación ordenó detener el proceso y exige explicaciones por parte de la Universidad de Cartagena, contratada para el acompañamiento técnico.
El documento, que debía mantenerse confidencial hasta el día 15 de octubre, fue publicado el lunes 14 de octubre por el medio digital La Poderosa. Ante esta situación, la Asamblea pidió que la universidad confirme la veracidad del material divulgado, explique las condiciones de custodia empleadas y determine posibles responsabilidades en la divulgación prematura.
El concurso para elegir contralor ya afrontaba críticas desde su gestación. En el contrato interadministrativo 001 de 2025, celebrado entre la Asamblea y la Universidad de Cartagena por 40 millones de pesos, se registraron varios hallazgos administrativos:
- Selección anticipada del contratista sin agotar los procesos de planeación y evaluación.
- Invitación pública publicada retrasadamente, lo que habría reducido la participación de otras entidades interesadas.
- Requisitos exigidos sin sustento jurídico, como acreditaciones académicas que no se vinculan directamente con el objeto del contrato.
- Decisiones tomadas por la Mesa Directiva sin respaldo formal en actas colegiadas.
- Falta de publicación de documentos y registros incompletos en la plataforma SECOP, lo que afecta los principios de transparencia y publicidad.
Esos hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Asamblea, pero el proceso continuó su marcha a pesar de las denuncias y la pérdida de confianza creciente entre participantes e instituciones observadoras.
Durante el proceso, se presentó una acción de tutela que obligó a la suspensión parcial del concurso al argumentar vulneraciones a derechos fundamentales y a los principios de publicidad y debido proceso. Luego fue radicado un incidente de desacato contra miembros de la Mesa Directiva, acusados de no cumplir con plazos judiciales.
Algunos diputados se declararon impedidos para participar en el proceso, citando posibles conflictos de interés o cuestionamientos sobre la independencia del concurso.
La periodista Martha Cifuentes ya había anticipado en un reportaje los riesgos que enfrentaba esta convocatoria, señalando que la falta de claridad en las decisiones de la Mesa Directiva podría desembocar en una crisis institucional.
El detonante de la suspensión fue la divulgación prematura del examen técnico, que debió permanecer bajo custodia hasta su divulgación oficial. Dicha filtración generó la decisión de detener la elección del contralor hasta obtener explicaciones claras de la universidad involucrada.
La Asamblea estableció que no reactivará la elección hasta que la Universidad de Cartagena entregue un informe formal que confirme la autenticidad del documento filtrado, describa las medidas de seguridad utilizadas y asigne responsabilidades si se corrobora una filtración irregular.
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