La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendida la publicación, difusión y divulgación de las encuestas presidenciales de la firma AtlasIntel, las cuales son contratadas por la Revista Semana. La determinación unánime de los magistrados modifica la ponencia inicial de la magistrada Fabiola Márquez, restableciendo provisionalmente la facultad de la firma para emitir sus estudios demográficos. En este desarrollo procesal influyó un concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación, organismo que solicitó revocar la suspensión provisional tras considerar que con la medida se habrían desconocido normas del ordenamiento constitucional y legal vigente.
El expediente administrativo pasará ahora a estudio de una comisión especial conformada por los magistrados Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Maritza Martínez (La U), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Altus Baquero (Liberal), encargada de resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto por el medio de comunicación. La controversia jurídica se originó por aparentes inconsistencias documentales y por señalamientos del tribunal en torno a presuntas fallas metodológicas que constituirían infracciones a la ley de encuestas. Previamente, auditorías de la Comisión Técnica y de Vigilancia del CNE habían sugerido aplicar sanciones a AtlasIntel, argumentando que sus procedimientos de recolección de datos digitales asemejan más a un sondeo de opinión libre que a una encuesta regulada.
El restablecimiento de las mediciones ocurre en un momento decisivo de la contienda electoral, luego de que el último informe de la compañía arrojara una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia en la disputa por acceder a la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda. Paralelamente, análisis técnicos de microdatos indicaron que el modelo estadístico empleado por la encuestadora tiende a otorgar una ponderación mayor al segmento de población de edad avanzada, el cual muestra mayor afinidad con las propuestas de De la Espriella. La firma dispondrá de un término de tres días para sustentar su defensa ante los requerimientos de la magistratura.
