Suspensión de proyectos en el Concejo se debe a trámite legal y no a falta de voluntad: Asesor Jurídico
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Concejo Municipal de Yopal, por medio de su asesor jurídico Rusbín Torres Mogollón, sostuvo que la interrupción en el trámite de los proyectos de acuerdo 012 y 013 de 2026 no obedeció a una falta de voluntad política de la corporación. Según el profesional del derecho, la parálisis administrativa es el resultado de las denuncias penales y disciplinarias interpuestas por la secretaria de Infraestructura local en contra de 11 de los 17 concejales, hecho que desencadenó un escenario de impedimentos, renuncias a ponencias y posteriores recusaciones.
Torres Mogollón explicó que el cabildo ha ceñido sus actuaciones a lo consagrado en la Constitución Política, la Ley 136 y la Ley 1437 de 2011. En su análisis técnico, precisó que los cabildantes denunciados están en la obligación legal de apartarse transitoriamente de la discusión de dichas iniciativas para evitar la configuración de un conflicto de interés, mientras se resuelven de fondo las recusaciones radicadas por un ciudadano.
Frente a la controversia por la suspensión del debate de control político que se le realizaría a la funcionaria de la cartera de Infraestructura, el apoderado judicial defendió la determinación de la mesa directiva:
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Términos legales: Afirmó que la cancelación no constituyó una vía de hecho ni abuso de autoridad, sino que buscó salvaguardar el debido proceso. Argumentó que el debate estaba programado para los días finales del periodo de sesiones ordinarias, un margen de tiempo que imposibilitaba cumplir con los plazos que exige la ley en el escenario de que se promoviera una eventual moción de censura.
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Proyectos sociales y de nómina: Respecto a los reclamos de las organizaciones sindicales, quienes manifestaron su preocupación por el estancamiento de iniciativas como el incremento salarial para los empleados del municipio, el abogado insistió en que el cuerpo colegiado no mantiene una postura de oposición al proyecto, sino que los concejales recusados carecen de competencia jurídica para actuar hasta que se defina su situación.
Finalmente, la asesoría jurídica del Concejo informó que una vez expire el término perentorio para que los cabildantes se pronuncien individualmente sobre los señalamientos, se procederá a convocar a la Comisión de Ética de la corporación para evaluar la existencia o no de los conflictos de interés. Sin embargo, el funcionario advirtió que el cronograma podría sufrir mayores dilaciones en caso de que la Procuraduría General de la Nación reclame la competencia preferente del caso, lo que abriría un conflicto de competencias que postergaría aún más los debates de los proyectos de acuerdo.
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