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Continúan las “tomas y retomas” de la EICE Ceiba por su control económico y político. Anoche nuevamente la policía acompañó a personas designadas por el alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres para poder acceder a las instalaciones y habría sido nombrado en propiedad a Guillermo Pérez.
Contacto Noticias pudo establecer que hacia las ocho de la noche el, apenas nombrado el 29 de marzo, gerente encargado Ahuder Javer Gutiérrez, llegó apoyado por la policía nacional a la Ceiba para ingresar, lográndolo y luego se conoció que había sido nombrado en propiedad al señor Guillermo Pérez, administrador público con especialización en contratación estatal.
Pero previo a que ello ocurriera, al parecer por alguna intervención de la Procuraduría Regional, el nombramiento de Gutiérrez se habría caído ante la imposibilidad de notificación personal de la declaratoria de insubsistencia del gerente nombrado el año pasado, Hugo Andrés Montes Sánchez. Así que asumió funciones el gerente que había dejado encargado este, es decir, Jorge López, quien reasumió el control de la empresa.
Frente a esto el Alcalde de Yopal titular Torres Torres y el encargado Luis Carlos Aponte habrían insistido en designar un gerente en propiedad mediante actos administrativos emanados por la Oficina Jurídica pero sin que una autoridad judicial medie en el asunto.
Siguen las preguntas de por qué se toman este tipo de decisiones o vías de hecho para el nombramiento de una persona de confianza del alcalde cuando ya el Juzgado Primero del Circuito de Yopal declaró la legalidad del nombramiento de Montes Sánchez como gerente y dio vía libre para que siguiera funcionando la Ceiba.
Por otro lado surge el cuestionamiento del por qué el alcalde titular Jhon Jairo Torres, quien tiene una licencia no remunerada por 20 días, hace presencia en la Ceiba y la Alcaldía de Yopal hablando con los empleados y tomando decisiones, según dijo el asesor jurídico de la alcaldía, Juan Carlos Suárez.
También hay cuestionamiento sobre por qué la policía nacional ha acompañado estas diligencias de “allanamientos” a sitios privados sin que medie una orden de una entidad judicial.
Así las cosas sigue la disputa e inestabilidad de una empresa que ostenta la administración de cinco activos municipales, servicio de alumbrado público, planta de beneficio animal (matadero), parque de las aguas, cementerio y relleno sanitario
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