El Proyecto de Ordenanza 015 de 2025, que busca la aprobación del superávit en el departamento de Casanare, volvió a hundirse este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública de la Asamblea, tras una votación de 4 a 1.
El único voto positivo fue emitido por el diputado Eduardo Antolinez, mientras que en contra se pronunciaron Juan Fernando Mancipe, Jorge Eduardo García, Luz Mery Niño y Marisela Duarte.
El diputado Juan Fernando Mancipe, ponente del proyecto, presentó ponencia negativa al advertir que dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) se incluyó un gasto denominado “Transferencia de inversión a universidades según Ley 30 de 1992” por un valor de $160.859.597, que —según su revisión— no corresponde a ningún proyecto de inversión registrado ni viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, lo que contravendría la Ordenanza 027 de 2022.
Por su parte, la secretaria de Hacienda, Gloria Rivera, y el secretario de Planeación, Alfonso Cárdenas, aclararon que dichos recursos no hacen parte de un proyecto de inversión, sino de un contracrédito. Explicaron que inicialmente se asignaron recursos a una universidad, pero no todos fueron utilizados, y que el incremento real fue del 5,2%, por lo que la suma debe devolverse al presupuesto departamental.
Además, los funcionarios señalaron que, con el fin de destrabar la discusión, el monto de $160.859.597 sería retirado del proyecto de ordenanza, para no obstaculizar la aprobación del paquete presupuestal que contempla recursos para educación, infraestructura, salud, seguridad y programas sociales.
Tras conocerse la decisión, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, reaccionó a través de su cuenta de Facebook, donde criticó el hundimiento del proyecto por cuarta vez. El mandatario atribuyó la decisión a “odio y revanchismo político”, señalando que la comunidad casanareña es la principal afectada por la falta de aprobación de estos recursos.
En contraste, la diputada Marisela Duarte, del Centro Democrático, defendió su voto negativo a través de redes sociales. Según indicó, el proyecto de ordenanza presentaba tres inconvenientes principales
- No cumplía con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, que exige un estudio de impacto fiscal para toda iniciativa de este tipo.
- Existían inconsistencias en el POAI, cuya corrección requiere un trámite especial.
- Se detectaron errores en el cálculo de algunos porcentajes, los cuales —según la diputada— debieron ser revisados previamente por el Gobierno Departamental.
