Sigue enredada la EICE Ceiba de Yopal. Juzgados toman disposiciones contrarias en relación a su funcionamiento.

En fallo de segunda instancia fue declarada improcedente tutela interpuesta por la concejal de Yopal Mayerly Muñoz que pedía revocar acuerdo 016 de 2015 que autorizó la creación de la EICE Ceiba. Sin embargo una acción popular mantiene como medida cautelar la suspensión del acuerdo y sus efectos derivados.

En relación a la tutela de la corporada se conoció que el fallo del Juez Primero Civil del Circuito de Yopal indica que la acción de tutela es improcedente porque el accionante tiene otros mecanismos legales para defender los derechos afectados como la acción de nulidad del acto administrativo presuntamente viciado o emplear la figura jurídica suspensión provisional del acto administrativo.

También se destaca que no está probado dentro del expediente el estado de necesidad y urgencia requerido para que el juez constitucional, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, decida de fondo sobre el asunto. Por tanto todo debe volver a como se encontraba, incluido el nombramiento del gerente Hugo Andrés Montes Sánchez, el cual había sido remplazado por José Carrero.

El juez expresa que “no se observa prueba de daño o peligro inminente con la confirmación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Ceiba», por lo que se deja sin efectos la sentencia del Juzgado Segundo Penal Municipal para adolescentes con función de control de garantías de Yopal.

A pesar de este fallo, el acuerdo que autorizó la creación de la Ceiba y los actos administrativos derivados que la habilitan y permiten su funcionamiento se encuentran suspendidos por la medida cautelar tomada por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal ante una acción popular del exconcejal Leonardo Puentes.

Esta acción popular está sustentada en varios aspectos como que el acuerdo en mención viola el artículo 313 de la Constitución Política en cuanto reserva la creación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden local al Concejo sin que le sea permitido autorizar al alcalde para su creación.

El Juez Primero Administrativo considera que hay un “notorio afán del Concejo y el Alcalde de Yopal para invertir recursos públicos en la creación y puesta en funcionamiento de una EICE que preste servicios públicos en el municipio sin la debida planificación y violando el ordenamiento jurídico para poder lograr su propósito, como si “el fin justificara los medios”, sin tener en cuenta que los bienes y dineros públicos deber ser manejados con honestidad, responsabilidad y extremo cuidado, evitando ponerlos en riesgo”.