Colombia firmará el decreto de líneas de base para delimitar el mar en San Andrés
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, anunció desde San Andrés la expedición de un decreto el próximo 30 de noviembre para delimitar las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida busca fijar la referencia cartográfica oficial con la que la nación mide la extensión de su espacio marítimo en el Caribe, tras 48 años de gestaciones normativas y en el marco del diferendo territorial con Nicaragua originado por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia.
Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que el país mantiene el control institucional sobre el archipiélago y enfatizó en que no se cederán espacios marítimos, arrecifes ni derechos de pesca en la zona. Frente al alcance de la norma, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el trazado de las líneas de base alrededor del conjunto de las islas permitirá considerar las aguas comprendidas en su interior como aguas interiores, unificando la defensa del territorio insular bajo una sola unidad geográfica.
El anuncio gubernamental se produce como respuesta al fallo emitido en 2012 por el tribunal de La Haya, el cual ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago pero delimitó la frontera marítima reconociendo derechos a Nicaragua sobre un área cercana a los 75 mil kilómetros cuadrados. Al respecto, el ministro Lara calificó la sentencia internacional como inaplicable en su literalidad, argumentando que busca fraccionar la unidad del territorio, e indicó que se propondrá un diálogo de buena fe con la nación centroamericana respetando la intangibilidad de los límites nacionales.
La controversia con Nicaragua suma el antecedente del fallo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2023, en el cual el tribunal falló a favor de Colombia al denegar la solicitud nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. En dicha ocasión, la corporación determinó que no era procedente superponer la plataforma continental sobre la zona económica exclusiva ni sobre la soberanía marítima reconocida al archipiélago colombiano.
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