Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) cerraron la vigencia 2025 con deudas acumuladas por 58 billones de pesos con hospitales, clínicas y farmacéuticas, según reveló un informe de la Contraloría General de la República conocido por El Tiempo. La cifra registró un incremento del 26,5% durante el último año de la administración saliente de Gustavo Petro, representado en una diferencia superior a los 12 billones de pesos. El órgano de control explicó que el costo de atención por afiliado superó los recursos girados por el Estado mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), brecha que derivó en que 17 de las 26 entidades que entregaron información cerraran el ejercicio con pérdidas financieras.
De acuerdo con el informe y análisis de la organización Así Vamos en Salud, las aseguradoras gastaron en promedio 109 pesos por cada 100 recibidos, proporción que en el primer trimestre de este año se elevó a 117,8 pesos en las entidades intervenidas por el Gobierno. Asimismo, de las 28 EPS que operan en el país, únicamente cuatro —Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía, las cuales concentran menos del 2% de los afiliados— cumplieron la totalidad de los requisitos legales de capital, patrimonio y reservas técnicas.
El caso de mayor envergadura corresponde a la Nueva EPS, entidad intervenida que agrupa a 11,6 millones de afiliados y que reportó no contar con estados financieros aprobados ni certificados desde la vigencia 2023. La deuda de esta aseguradora con su red de servicios pasó de 22 a casi 26 billones de pesos en un año, al tiempo que sus obligaciones pendientes con proveedores de medicamentos aumentaron un 33%, situándose en 3,8 billones de pesos. La Contraloría advirtió que el atraso en los pagos se traduce en el cierre de servicios hospitalarios y restricciones en el acceso a tratamientos para los pacientes.
