El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó las visas de ingreso a su territorio a siete ciudadanos colombianos vinculados a procesos judiciales por corrupción administrativa, narcotráfico o nexos con organizaciones al margen de la ley. La medida, anunciada por la entidad que encabeza Marco Rubio, afecta en total a 21 personas al extenderse directamente a los núcleos familiares de los implicados, amparada en las políticas del gobierno norteamericano contra actores que socavan la institucionalidad democrática en el hemisferio.
Entre las personas cobijadas por la determinación figura el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien afronta dos juicios ante la Fiscalía por presunto tráfico de influencias durante su gestión en la petrolera y por presunta violación de topes en la campaña presidencial de 2022. De igual forma, la sanción aplica para el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, investigado por enriquecimiento ilícito entre 2010 y 2018 y llamado a juicio por la Corte Suprema por supuesta financiación al grupo criminal Los Rastrojos Costeños, así como para el exalcalde de Envigado, José Ignacio Mesa, condenado por la misma corporación a 76 meses de prisión por nexos con La Oficina.
La restricción de visados incluyó además a cuatro dirigentes salpicados por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La lista la integran los congresistas electos y actualmente recluidos en prisión Wadith Manzur y Karen Manrique, llamados a juicio por direccionamiento de contratos a cambio de votos; la exsenadora Liliana Bitar, procesada por favorecer créditos gubernamentales a cambio de contratación estatal, y el exsenador Julio Elías Chagüi, investigado por presuntas coordinaciones para direccionar recursos en la mencionada entidad pública.
