Estados Unidos endurece política antidrogas y pone a Colombia bajo un estricto régimen de vigilancia
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca presentó su política general para 2026, un extenso documento de 195 páginas que redefine la relación de Estados Unidos con los países productores de narcóticos.
En el caso de Colombia, el tono diplomático ha transitado de la alianza estratégica hacia un estricto régimen de vigilancia, donde Washington exigirá métricas de cumplimiento anual y resultados tangibles en la reducción de cultivos ilícitos. Bajo una narrativa de «ofensiva implacable» y calificando al fentanilo como un arma de destrucción masiva, la nueva directriz omite cualquier mención a la demanda de consumo interno en Norteamérica o a los procesos de paz que adelanta el Gobierno colombiano con grupos armados.
Entre las exigencias más estrictas, Estados Unidos obliga a Colombia a incrementar drásticamente sus informes al Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores, PICS, de la ONU. Colombia, junto a México, China e India, deberá pasar de realizar reportes esporádicos a emitir, al menos, un informe semanal sobre el movimiento de sustancias químicas. Esta medida implica una supervisión activa de Washington sobre la industria química nacional y la obligación de compartir de forma sistemática informes de inteligencia. El documento advierte que tanto el Departamento del Tesoro como el de Justicia podrán sancionar a cualquier empresa extranjera que no implemente estos sistemas de seguridad.
La estrategia también demanda a Colombia la creación de un sistema de trazabilidad de precursores químicos similar al modelo de seguridad antiterrorista CTPAT. El objetivo es que el sector privado colombiano adopte estándares logísticos rigurosos en todas sus cadenas de transporte para evitar la infiltración del tráfico de drogas y armas. Según el informe oficial, la administración norteamericana liderará esfuerzos para que los países tomen acciones agresivas contra individuos y entidades involucradas en el tráfico, reservándose el derecho de perseguir y castigar a quienes fallen en la implementación de estos protocolos de control.
About The Author
