Informe de la FIP presenta balance sobre la política de Paz Total y el crecimiento de estructuras armadas en Colombia
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fundación Ideas para la Paz, FIP, publicó un informe de balance sobre la política de Paz Total del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que los grupos armados ilegales pasaron de 15 mil integrantes al inicio del mandato a cerca de 28 mil combatientes en la actualidad. La investigación indica un crecimiento general de 13 mil miembros en los últimos cuatro años, tras registrar un aumento de 5 mil combatientes durante el año 2025, cuando la cifra se ubicaba en 27 mil 121 integrantes.
Según el documento, el denominado Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia se consolidó como la estructura de mayor crecimiento al pasar de 4 mil a 10 mil miembros, lo que representa un incremento del 152 %. Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pasó de 5 mil 851 integrantes en diciembre de 2022 a 7 mil en la actualidad, mientras que el conjunto de las disidencias de las FARC suma 10 mil combatientes en el territorio nacional.
El análisis de la FIP sostiene que los costos de la estrategia superaron las ganancias al no lograrse el desescalamiento general de la violencia ni el tránsito completo a la legalidad de las organizaciones, con excepción del proceso parcial con 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el Putumayo, quienes dejaron las armas pero mantienen su situación jurídica pendiente de resolución. No obstante, el informe resalta logros frágiles como la reducción de homicidios en Putumayo, Nariño y el Valle de Aburrá, la tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura y la destrucción de material bélico por parte de Comuneros del Sur y la Cneb.
El estudio aclara, en concordancia con reportes de la Fundación Core, que el fortalecimiento armado inició en 2018 y no obedece de manera exclusiva a la Paz Total, aunque concluye que la política influyó en la dinámica del conflicto. Para futuros procesos de diálogo, la FIP recomendó articular la vía negociada con una estrategia de seguridad, establecer marcos jurídicos previos para el sometimiento y garantizar la supervisión permanente desde la Presidencia de la República.
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