Informe internacional vincula a empresas privadas de seguridad con el envío de exmilitares colombianos a la guerra civil de Sudán
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Un extenso informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) confirmó que cientos de exmilitares colombianos recibieron instrucción de combate en bases operadas por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos previo a su despliegue en la guerra civil de Sudán. La investigación documenta que los ciudadanos colombianos fueron reclutados con el fin de engrosar las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que adelanta hostilidades contra el gobierno de ese país africano desde el año 2023. De acuerdo con el reporte, las redes de captación y transferencia de personal operaban bajo el amparo de entidades de seguridad privada, las cuales omitían intencionalmente los respectivos controles migratorios y sellos de pasaporte para trasladar de forma inmediata a los reclutas hacia los complejos militares de Ghiyathi y Al Wathba en el Emirato de Abu Dabi.
El informe internacional valida las líneas investigativas locales que identifican a la firma Global Security Services Group y a la compañía colombiana A4SI como los principales operadores de este esquema de intermediación. Las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido ya habían inscrito en la denominada Lista Clinton al coronel retirado del Ejército Nacional Álvaro Quijano y a su núcleo familiar tras establecer su presunta responsabilidad en la exportación de exuniformados hacia el conflicto sudanés. Human Rights Watch citó asimismo evidencias que comprometen directamente a la brigada de mercenarios colombianos en el adiestramiento militar de menores de edad en zonas de combate, un hecho catalogado como violación flagrante a los convenios internacionales y constitutivo de presuntos crímenes de guerra.
La veeduría internacional comprobó la participación operativa de los combatientes de nacionalidad colombiana durante la ofensiva paramilitar efectuada en la ciudad de El Fasher, donde organizaciones de derechos humanos denunciaron masacres y ataques dirigidos contra el segmento de población civil. Frente a estos hallazgos, Human Rights Watch instó al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos a congelar de forma inmediata los flujos logísticos y financieros destinados a las milicias aliadas, exhortando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a robustecer el régimen de sanciones en la región. Paralelamente, el Congreso de la República de Colombia tramita el articulado final de un proyecto de ley formulado por las carteras de Defensa y Relaciones Exteriores que penaliza el mercenarismo, iniciativa que recibió el respaldo de los comités técnicos de la Organización de las Naciones Unidas.
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