default
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres con el objetivo de evaluar el impacto de la actual temporada invernal y analizar la viabilidad de decretar la calamidad pública en todo el territorio de la jurisdicción. Esta medida responde a las graves emergencias que se han venido registrando en las últimas horas en el norte del departamento.
Desde el inicio de la contingencia provocada por el desbordamiento del río Tocaría, comisiones técnicas de la administración departamental, la Dirección de Gestión del Riesgo, organismos de socorro y las autoridades locales se desplazaron a las veredas El Pretexto, Guacharacas, Sirivana y Corea, donde se concentra la mayor parte de los daños rurales.
El director de Gestión del Riesgo en Casanare, Wilson Porras, reportó que solamente en el sector de El Pretexto se coordinó la evacuación de más de 60 familias cuyas viviendas, cultivos y redes de servicios resultaron anegados. El funcionario precisó que un evento de tal magnitud no se presentaba en la zona desde hacía quince años y confirmó que, de manera preliminar, los operativos no arrojan el reporte de personas fallecidas o desaparecidas.
En el casco urbano de Nunchía se mantiene activo de manera permanente un Puesto de Mando Unificado para centralizar el flujo de información y coordinar las ayudas. Paralelamente, las autoridades indicaron que ya se consolidaron los censos de afectación correspondientes a los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, datos que serán incorporados en las deliberaciones del comité departamental.
Por su parte, el alcalde de Nunchía, Yeison Guicon, anunció que la localidad se declaró en alerta roja y que iniciará el trámite pertinente para la declaratoria de calamidad pública a nivel municipal. El mandatario local detalló que el impacto económico es severo debido a la destrucción de infraestructura vial, puentes y la pérdida total de proyectos productivos, cercados y enseres domésticos de la población campesina.
Como primera respuesta humanitaria, la alcaldía de ese municipio gestionó un esquema de alojamiento temporal utilizando instalaciones hoteleras en el sector de La Yopalosa para albergar a los núcleos familiares desprotegidos. Finalmente, la administración municipal formuló una invitación pública a la solidaridad ciudadana para canalizar donaciones consistentes en prendas de vestir, elementos de aseo personal, alimentos, cobijas y colchonetas en los centros de acopio autorizados.

