Corte Constitucional ratificó su independencia y estricto control a estados de excepción
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses, ratificó el compromiso de la corporación con la independencia, la imparcialidad y el respeto estricto a las reglas institucionales de la Carta Política frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. En una entrevista concedida a la revista Cambio, la jurista enfatizó que el tribunal mantendrá su función histórica de salvaguardar los derechos fundamentales de las minorías, haciendo referencia explícita al reconocimiento de la población LGBTIQ+, el matrimonio igualitario, la consulta previa de las comunidades étnicas y las directrices de la Sentencia T-025 sobre desplazamiento forzado. Meneses sostuvo que las democracias se validan por el respeto absoluto a los derechos de todos los ciudadanos, precisando que ni siquiera una mayoría electoral legítima cuenta con la facultad legal de suprimir las garantías de un solo individuo.
Las declaraciones de la presidenta del alto tribunal se produjeron días después de que Carlos Alonso Lucio, estratega programático del presidente electo, cuestionara las decisiones de la Corte y propusiera el uso de referendos para revertir fallos relacionados con la adopción igualitaria y el cambio de sexo en menores de edad, temas que calificó contrarios a los principios fundacionales de la sociedad. Al respecto, Meneses recordó que el mecanismo de control judicial de la Corte se rige por parámetros constitucionales técnicos y no por coyunturas políticas o disputas partidistas, asegurando la continuidad de una jurisprudencia que sirve como balance de poderes públicos.
Asimismo, la magistrada dejó un mensaje sobre los estados de excepción, advirtiendo que los decretos de emergencia económica o conmoción interior no pueden convertirse en mecanismos ordinarios de gobierno. Indicó que si las causas de una crisis son estructurales, las reformas deben tramitarse obligatoriamente en el Congreso de la República. Esta precisión técnica analiza tanto la gestión del presidente saliente, Gustavo Petro —a quien la Corte le retiró la validez de varias emergencias económicas y de la conmoción interior en el Catatumbo—, como los anuncios de campaña de Abelardo de la Espriella, quien manifestó su intención de declarar de forma inmediata dos estados de excepción y expedir 90 decretos reglamentarios desde el primer día de su mandato. El análisis institucional proyecta que el tribunal conservará su función de contrapeso, considerando que el mandatario entrante solo podrá postular formalmente a dos de los nueve magistrados de la corporación hacia finales de su periodo constitucional en 2029.
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