La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ratificó de manera definitiva el llamado a juicio en contra del exsenador Arturo Char Chaljub, investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. El alto tribunal negó un recurso de reposición interpuesto por la defensa del exparlamentario, manteniendo en firme la providencia emitida originalmente en diciembre pasado. El expediente penal vincula a Char con el esquema de compra de votos detectado en el Atlántico durante los comicios legislativos de 2018, entramado por el cual la excongresista Aída Merlano Rebolledo recibió sentencia condenatoria en 2019.
Los antecedentes procesales registran que el exsenador fue capturado en Barranquilla en 2023, recluido inicialmente en la cárcel La Picota de Bogotá y posteriormente trasladado a un establecimiento militar en Santa Marta, obteniendo la libertad por vencimiento de términos el 9 de enero de 2024 tras la negativa de la Corte a sus solicitudes previas de detención domiciliaria. La investigación formal señala a Char como el presunto articulador de la candidatura a la Cámara de Representantes de Lilibeth Llinás por el partido Cambio Radical, fórmula de Merlano en la contienda. Los testimonios e indicios recopilados por la corporación judicial ubican reuniones de coordinación en propiedades de la familia Char en octubre de 2017, con la asistencia de los empresarios Julio Gerlein y Faisal Cure, además de visitas corroboradas a la sede de campaña denominada «Casa Blanca».
La ratificación del juicio coincide con un escenario de alta representación para el sector político de la familia Char en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Pese a los discursos de campaña orientados a prescindir de las estructuras tradicionales, el mandatario electo incluyó en su gabinete a figuras estrechamente vinculadas a esta organización del Caribe, tales como la designada ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el próximo ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. La influencia de esta bancada regional se mantiene vigente tras encadenar cerca de dos décadas de hegemonía ejecutiva en la administración local de Barranquilla y el departamento del Atlántico.
