El Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, aprobado en la madrugada del pasado 20 de octubre, quedó expuesto a ser invalidado por un vicio de trámite legislativo durante las votaciones de las plenarias del Congreso. La inconsistencia se presentó en el artículo 65, norma que regula la contratación conjunta de coberturas financieras para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), permitiendo saldar faltantes con cargo al servicio de la deuda pública.
El error procedimental radicó en que el Senado de la República aprobó el artículo tal como venía en la ponencia, luego de que el senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, retirara una proposición que precisaba su gestión. No obstante, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, conducida por el ponente Jhon Édgar Arias, de Cambio Radical, la modificación sí fue votada e incluida sin ser anunciada explícitamente en la lectura, derivando en la aprobación de dos textos distintos sin realizar la conciliación previa al vencimiento del plazo constitucional del 20 de octubre.
El vicio en la corporación, atribuido por sectores políticos al manejo del trámite por parte de los ministros Miguel Gómez y Rodrigo Lara, así como del secretario de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez, fue alertado por la senadora Esmeralda Hernández y la exdefensora Lina García. La omisión abre tres escenarios para el Gobierno: expedir el presupuesto por decreto basándose en el texto de comisiones bajo el artículo 348 de la Constitución, sancionar la norma sin el artículo 65 a la espera de que la Corte Constitucional ordene subsanar el trámite, o convocar a sesiones extraordinarias en enero para tramitar una ley de adición presupuestal.
