Víctor Feliciano, propietario de la empresa AGROVICMART, presuntamente se declaró en quiebra y con ello se llevó entre sus pies a un promedio de 700 trabajadores, 23 contratistas y un sin número de proveedores que están a la espera se les cancele sus salarios, bienes y servicios.
Contacto Noticias tuvo la oportunidad de hablar con algunos contratistas quienes dieron fe, que desde hace más de cuatro meses se les debe a toda esta comunidad, supuestamente venían aguantando porque siempre había una promesa de pago para el siguiente mes.
La gota que derramo el vaso sucedió cuando Feliciano Chávez, propietario de los predios palmeros, Los Lobos y El Tigre, la primera de 3853 y la segunda de 800 hectáreas respectivamente, presuntamente se declaró en quiebra gracias a la ley 1380 de 2010 o Ley de Insolvencia.
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Trabajadores y contratistas pretendieron este fin de semana a través de una manifestación pacífica reclamar sus derechos laborales, por lo que decidieron ingresar al predio Los Lobos que queda a 90 minutos del casco urbano de Monterrey, al poco tiempo de estar manifestando fueron abordados por la Policía Nacional y por escoltas armados, supuestamente bajo el mando de Feliciano Chávez.
Según los denunciantes, los primeros fueron llamados por la petrolera Parex quien tiene la plataforma dentro de esta predio y, los segundos fueron enviados por el mismos señor Feliciano, quien con arma en mano presuntamente les precisaron que abandonaran el lugar.
Lo cierto es que entre comentario y comentario los contratistas y trabajadores se enteraron que no son los únicos afectados por las decisiones de este empresario, desde hace más de un año y medio ya habían pequeñas y medianas empresas proveedores que suspendieron sus tratos comerciales con AGROVICMART, porque supuestamente nunca les pagaron.
Cuando preguntamos si estos hechos los tiene ya alguna autoridad competente en el tema, los contratistas responden, “ya hemos evidenciado a la personería municipal, a la misma Alcaldía y al Ministerio del Trabajo, pero hasta la fecha no ha habido resultado alguno”.
Estas familias suplican a las entidades responsables de la vigilancia y el control de estos temas laborales, para que los escuchen y no los dejen solos, más cuando el historial de la familia Feliciano, ha sido marcado por la violencia, por cuenta de la confrontación de grupos al margen de la ley.
Aducen que sienten temor y que el no pago de sus salarios, seguridad social, dotaciones, bienes y servicios, también se verá reflejado directamente en la economía de la localidad de Monterrey, ya que la mayoría no cuentan con tierras o más propiedades para soportar esta pérdida.
