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Transportadores exigen al consorcio Unión Temporal TRAESCA que les explique la modalidad de contratación, precios por servicio y que les pague los salarios demorados. Son varias las quejas que han venido presentando los transportadores de rutas escolares en Casanare por los incumplimientos por parte del contratista a quienes prestan los servicios de transporte escolar. Entre la lista de inconformidades están: El no pago de sus salarios a tiempo pues, según informan, no se les ha pagado desde noviembre y ya hasta los mantenimientos de los vehículos terminan siendo un dolor de cabeza pues sus proveedores de servicios ya no les fían más; manifiestan que en ese consorcio nadie responde a sus inquietudes y que constantemente son coaccionados para no hablar del tema en medios o ir a cese de actividades so pena de perder el trabajo. Otro problema que reportan es que les hacen del salario mensual un dinero por el orden de los 100.000 pesos que se acumula y se reembolsa al final del contrato reemplazando la liquidación evitando el pago de la misma. Además, dicen que a la hora de prestar el servicio sí les exigen perfección y no pueden tener ni una sola falla porque de inmediato le descuentan el día de trabajo, sin olvidar que se quejan de que se les paga muy poco con relación a los valores reportados en los pliegos del contrato 1106 de 2018 adjudicado mediante resolución 145 del 7 de junio de 2018 a dicho consorcio representado legalmente por Ginna Marcela Casas Morales y que tendría vigencia hasta el 30 de abril del presente año.
Lo cierto es que entre el consorcio y el transportador no existe contrato alguno y lo que hay es un trato o arreglo entre dos particulares y no existen veedurías al contrato. Aunque la secretaria de educación Sandra Patricia Rincón Serrano, no ha dado respuesta a las constantes solicitudes hechas por Contacto Noticias de La paz no ha fijado una posición al respecto, se sabe de manera extra oficial que el consorcio al parecer no ha entregado la documentación correspondiente para desembolsar los dineros y que su injerencia no iría más allá de exigir al contratista la actualización de la documentación necesaria para realizar los pagos.
A pesar de lo anterior, los transportadores esperan el respaldo de la Secretaría de Educación departamental toda vez que, según ellos, el contratista hace una mala representación de esa cartera y no descartan la posibilidad de convocar a un cese de actividades.
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