Interceptaciones revelan presunto desvío de recursos en contrato de reforestación en Paz de Ariporo

Un contrato destinado a beneficiar a comunidades indígenas en Paz de Ariporo quedó en el centro de un escándalo de presunta corrupción que investiga la Fiscalía General de la Nación, dentro del denominado caso Aremca.

Según el ente acusador, el 23 de enero de 2024 la entonces directora de la Asociación de Municipios del Caribe adjudicó un contrato por más de 6.759 millones de pesos, cuyo objetivo era implementar acciones de reforestación productiva para mejorar la calidad de vida de la comunidad indígena del resguardo Caño Mochuelo.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que el contrato, suscrito con la empresa Mopen S.A.S., no cumpliría con los requisitos legales esenciales y haría parte de un esquema de presunto direccionamiento de recursos públicos.

Uno de los elementos más graves revelados por la Fiscalía es una interceptación telefónica a uno de los capturados, en la que se afirma: “De ahí no se hizo absolutamente nada y esa plata se la comieron con los indios”, lo que reforzaría la hipótesis de un posible peculado por apropiación.

El fiscal del caso señaló que se trataría de un entramado de corrupción que operaba mediante la figura de esquemas asociativos de municipios, utilizando a Aremca para concentrar la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían diseñado un mecanismo ilegal para direccionar contratos, entregando de forma directa más de 100 proyectos por un valor superior a 496.000 millones de pesos. Esta práctica fue denominada por los investigadores como el grupo de los “contrata-dedos”.

Dentro del proceso también se investigan otros casos que evidenciarían patrones similares. Uno de ellos corresponde a un contrato de transporte escolar en Sabana de Torres, por más de 4.600 millones de pesos, que habría sido tramitado sin los documentos esenciales en la plataforma SECOP.

Asimismo, se menciona un contrato por más de 15.000 millones de pesos en Santa Marta para la implementación de herramientas educativas tipo “preicfes”, el cual también presenta presuntas irregularidades en su estructuración y adjudicación.

Avanza proceso judicial

Por estos hechos, nueve personas han sido capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras avanzan las audiencias y la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El caso ha generado preocupación por el posible impacto sobre comunidades vulnerables y por el manejo de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, destinados a proyectos sociales y de desarrollo en distintas regiones del país.