Directora Regional del ICBF, Yenny Gabriela Rincón, respondió al requerimiento de la Personería Municipal de paz de Ariporo en el caso relacionado con el caso FUNCODE y la reanudación de los servicios de primera infancia tras conocerse la noticia de que el representante de la fundación contratista se voló con al menos 500 millones de pesos que estaban destinados pagar los servicios de los CDI y hogares infantiles.
Al respecto la directora regional responde en el comunicado punto por punto así:
El ICBF ha presentado denuncia penal por el presunto delito de Abuso de confianza calificada en contra de FUNCODE.
Para la reanudación de los servicios modalidad Centros De Desarrollo Infantil-CDI- y Hogar Comunitario-HCB- que para Paz de Ariporo corresponden a 495 cupos, se está realizando el trámite de declaración de Urgencia Manifiesta para poder suscribir nuevos contratos con las entidades administradoras de servicio que se encuentren habilitadas en el banco de oferentes.
Frente a la perdida de equipos de dotación la Coordinación del Centro Zonal de Paz de Ariporo y la supervisión de los contratos se encuentra realizando procesos de verificación para remitir informe como parte del proceso sancionatorio y de presentarse perdidas de dotaciones radicar la correspondiente denuncia penal.
Para el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores a quienes FUNCODE les adeuda sumas por estos conceptos se dio inicio al proceso sancionatorio y declaración de caducidad de cada uno de los contratos suscritos con FUNCODE (Contrato de aporte N° 171 de 2017-CDI y Contrato 147 de 2016-HCB) y en el trámite de este proceso se llamará al garante asegurador SOLIDARIA DE COLOMBIA Y EQUIDAD SEGUROS, para hacer efectivos los amparos.
FUNCODE según resoluciones número 6004 del 23 de junio de 2016 y 9951 del 10 de octubre de 2017 cumplía requisitos y capacidad financiera para contratar el servicio.
En el trámite sancionatorio contractual y en la investigación penal se establecerán responsabilidades frente a los documentos aportados a la supervisión que acreditaban que los pagos por parte de FUNCODE se encontraban al día según los recursos girados.
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