La Defensoría del Pueblo presentó un balance oficial sobre la situación de derechos humanos en el país, revelando que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, al menos 34 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. La entidad advirtió que estos crímenes representan una afectación directa a la vida y a la continuidad de los procesos organizativos en las regiones. Según el registro estadístico de la entidad, los hechos se distribuyeron en 13 casos durante el mes de enero, 14 en febrero y 7 en marzo, evidenciando una persistencia de la violencia contra quienes ejercen funciones de liderazgo en sus comunidades.
El reporte técnico detalla que, del total de las víctimas registradas en este periodo, 30 eran hombres y cuatro eran mujeres. En cuanto a la distribución geográfica de los homicidios, el departamento de Antioquia concentra la mayor incidencia de violencia con ocho casos reportados, consolidándose como la zona del país con la situación más crítica para el ejercicio del liderazgo social en lo corrido del año. Otros territorios también registran afectaciones, aunque en menor escala, lo que ha llevado a la Defensoría a reiterar el llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de protección y prevención en las zonas rurales y apartadas.
Desde la Defensoría del Pueblo se subrayó que cada uno de estos eventos violentos impacta la estructura democrática local, al debilitar la interlocución entre las comunidades y el Estado. La entidad enfatizó en que el liderazgo social es una pieza fundamental para la defensa de los derechos fundamentales en las áreas más golpeadas por el conflicto y la criminalidad organizada.
