Controversia por orden judicial que fija restricciones a los bombardeos tras recientes operaciones en Guaviare y Catatumbo
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno Nacional apelará la medida provisional emitida por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, la cual ordena a la Fuerza Pública abstenerse de ejecutar bombardeos cuando existan indicios razonablemente verificables de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por organizaciones armadas ilegales. La decisión judicial responde a la admisión de una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Ower Borda en representación de la infancia en zonas de conflicto, imponiendo esta restricción mientras se resuelve el fallo de fondo y requiriendo a las autoridades verificar alternativas a los ataques aéreos, así como la aplicación estricta de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario.
Frente al pronunciamiento del juzgado, el ministro Lara cuestionó la amplitud de los términos fijados en la orden provisional, señalando que establecer un estándar abierto para definir indicios verificables termina por imposibilitar operativamente el uso de bombardeos en un contexto de reclutamiento ilícito por parte de las estructuras criminales. La determinación se produce días después del desarrollo de la Operación Amón en zona rural de El Retorno, Guaviare, dirigida contra la estructura Isaías Carvajal del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias «Calarcá», la cual dejó un saldo de diez personas muertas, entre ellas tres menores de edad, evento que motivó una moción en el Congreso contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.
Tanto el presidente de la República como el ministro de Defensa han respaldado las acciones militares desplegadas por las Fuerzas Militares. Al respecto, el ministro Mora sostuvo que el reclutamiento de menores constituye un crimen de guerra cuya responsabilidad recae de forma directa en los grupos armados, mientras que el jefe de Estado afirmó que las operaciones se adelantan en el marco de la Constitución y la ley contra organizaciones narcoterroristas. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, un total de 1.173 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos al margen de la ley entre el año 2024 y julio de 2026.
En el transcurso de la actual administración se han ejecutado tres bombardeos aéreos: el primero en la mañana del 10 de agosto en los municipios de Tibú y San Calixto, región del Catatumbo, con un saldo de dos integrantes del ELN muertos; el segundo correspondiente a la Operación Amón en El Retorno; y el tercero registrado este miércoles en la vereda Lagos del Dorado en Miraflores, Guaviare, denominado Operación Azarías contra el campamento de las disidencias de alias «Iván Mordisco», con un balance de 20 disidentes muertos y la recuperación de dos menores. Como antecedente, durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro se reportó el fallecimiento de 62 menores en medio de operaciones militares, incluyendo una acción en el Guaviare donde murieron siete menores reclutados por las disidencias de «Iván Mordisco», hecho por el cual el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfrentó una moción de censura en el Congreso que no prosperó.
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