Gobierno propone tramitar licencias ambientales y consultas previas de forma paralela
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El vocero del Gobierno Nacional, Miller Soto, dio a conocer la propuesta del Ejecutivo para que los trámites de licencia ambiental y de consulta previa con comunidades étnicas avancen de manera paralela e independiente. La iniciativa plantea que la consulta previa deje de ser un requisito previo para que las autoridades ambientales evalúen o decidan sobre la viabilidad de los proyectos de desarrollo en el país. Este anuncio se dio tras una reunión entre la bancada del Centro Democrático y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, en la cual la congresista Ana Ligia Mora destacó la coincidencia en las prioridades de permisos, licencias y regulación ambiental.
De manera complementaria, el senador Juan Espinel, de esa misma colectividad, radicó un proyecto de ley que busca convertir la consulta previa en un procedimiento administrativo simplificado. La iniciativa propone la creación del Sistema de Información de Consulta Previa (Sicop) para centralizar y georreferenciar los registros étnicos, fijar un plazo de seis meses para certificar la presencia de las comunidades e incorporar tiempos límites a las etapas iniciales del trámite. No obstante, la propuesta no incluye mecanismos específicos para resolver el 31 % de los procesos de consulta vigentes en el país que permanecen detenidos desde hace al menos cuatro años.
Por su parte, el ministro Arjona ha manifestado públicamente críticas ante las demoras en estos procesos, señalando la necesidad de agilizar el licenciamiento en sectores de minería e infraestructura y asegurando que la consulta no debe convertirse en un obstáculo. En contraste, el exviceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, advirtió que fijar plazos rígidos resulta complejo debido a la variabilidad de los procesos de concertación con los pueblos étnicos. Rondón recordó que la figura responde al marco legal de la Ley 21 de 1991 y a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el emitido contra el Estado colombiano por omisiones en la consulta previa con el pueblo U’wa.
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