Denuncian presuntas presiones de grupos armados en favor de la candidatura de Ivan Cepeda en el sur del país
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Un audio revelado por Noticias RCN vincula presuntamente a un integrante del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias bajo el mando de alias “Calarcá”, con un mensaje de respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. En la grabación, el hombre identificado como “Rogelio Benavides” menciona el interés de la estructura en el triunfo del aspirante del Pacto Histórico a menos de un mes de la primera vuelta presidencial. Adicionalmente, el material audiovisual detalla presuntas exigencias económicas de hasta 200 mil pesos a campesinos de los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta, bajo el concepto de una supuesta carnetización de tierras controlada por el grupo armado.
Paralelamente, el expresidente Álvaro Uribe denunció públicamente una serie de coacciones ejercidas por el ELN y las disidencias de alias “Iván Mordisco” en el departamento del Cauca. Según Uribe, estructuras como el frente Carlos Patiño, la columna Jaime Martínez y el frente Dagoberto Ramos estarían presionando a comunidades rurales para orientar el voto hacia el candidato del oficialismo. La denuncia incluye señalamientos sobre veredas en Santander de Quilichao, donde presuntamente grupos ilegales habrían exigido la entrega de actas electorales con el fin de manipular los resultados y evitar el desplazamiento de los ciudadanos a las urnas.
Estas denuncias se presentan una semana después de que el propio Iván Cepeda manifestara haber recibido información sobre presuntas presiones de grupos armados para influir en los comicios, aunque en su momento no especificó a qué campañas beneficiarían dichas acciones.
El panorama electoral se desarrolla en un contexto de alta complejidad en el orden público, marcado por el reciente magnicidio de Uribe Turbay y las constantes amenazas a la población civil. Estos hechos configuran un mapa de conflicto que la institucionalidad deberá gestionar durante el proceso de votación, mientras los sectores políticos exigen garantías para que el ejercicio democrático se realice sin la interferencia de actores armados ilegales que buscan ejercer control social y territorial en las zonas de mayor vulnerabilidad del país.
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