La Séptima División del Ejército Nacional rescató a las 45 personas, entre ellas cuatro menores de edad, que habían sido secuestradas por el ELN en la vía que comunica a Quibdó con El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. El comandante Hugo López informó que, tras una rápida maniobra militar apoyada por la Fuerza Aeroespacial, los civiles recuperaron la libertad y fueron trasladados en helicóptero a la sede de la Décima Quinta Brigada. Durante el desarrollo del operativo de rescate, la estructura guerrillera activó cargas explosivas contra las tropas estatales, lo que provocó la muerte de dos militares y dejó heridos a cinco más.
La gravedad de la situación de orden público obligó al cierre temporal del corredor vial. Horas antes, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, había instado a transportadores y viajeros a abstenerse de transitar por la ruta que conecta a Quibdó con Medellín hasta que se restablecieran plenamente las condiciones de seguridad en el territorio. Aunque la comandancia militar exigió al grupo armado el cese inmediato de estas agresiones contra la población civil, el enfrentamiento directo precipitó un desenlace de alto costo para las fuerzas del Estado.
El hecho ocurre en plena transición de mando y añade presión sobre la futura estrategia de seguridad nacional. Mientras el gobierno saliente de Gustavo Petro culmina su periodo sin concretar la desmovilización de estructuras armadas ilegales pese a los múltiples procesos de diálogo, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha ratificado una política de «mano dura». De la Espriella, quien otorgó un plazo de un mes a los grupos ilegales para someterse a la justicia ordinaria, aprovechó sus recientes jornadas de empalme territorial para lanzar advertencias directas de persecución militar contra cabecillas regionales del ELN que no se acojan a su ultimátum.
