De la Espriella arremetió contra excomandante de las Farc y cuestionó el rol de la JEP
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El excomandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, regresó este martes a Colombia y compareció formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para certificar su retorno. La confirmación de su llegada se produjo horas después de que versiones de prensa sugirieran que Londoño evaluaba permanecer en España —donde asistía a un seminario de la organización Izquierda Unida con autorización judicial— debido a las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien afirmó públicamente que el exjefe guerrillero «merece estar preso de por vida».
El revuelo político comenzó la noche anterior, cuando De la Espriella cuestionó el salvoconducto otorgado a Londoño para su gira internacional y calificó su libertad como un lavado de crímenes amparado por el tribunal transicional. Los señalamientos del mandatario electo fueron respaldados por sectores de la bancada del Centro Democrático; el representante electo Daniel Briceño advirtió en redes sociales que si Londoño no retornaba, la JEP sería señalada de complicidad. Paralelo a las críticas contra el funcionamiento de la jurisdicción especial, el nuevo jefe de Estado cuestionó además la reincorporación de Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda, como asesora del tribunal de paz, manteniendo las tensiones con este organismo de justicia a pesar de que su designado ministro de Justicia, Iván Cancino, descartara formalmente la liquidación de la JEP.
En el plano procesal, el retorno de Londoño coincide con la entrada en firme de las dos primeras sentencias de la JEP en el marco del Caso 01, referido a la política de secuestros que dejó más de 21.000 víctimas en el país. El tribunal transicional declaró a los antiguos jefes de la guerrilla como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidio y desaparición forzada, descartando el cargo de esclavitud para cinco de los comparecientes. Bajo este marco jurídico, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Pastor Alape recibieron la sanción máxima de ocho años de trabajos restaurativos —tales como desminado humanitario, infraestructura y búsqueda de desaparecidos—, mientras que Julián Gallo y otros mandos medios fueron sentenciados a penas de seis y cinco años respectivamente, de acuerdo con su nivel de responsabilidad.
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