En el inicio de la última legislatura de su mandato y en medio de un Congreso cuya presidencia quedó en manos del Centro Democrático, la administración del presidente saliente Gustavo Petro radicó un paquete final de reformas estructurales. El conjunto de iniciativas está integrado principalmente por proyectos que no lograron su aprobación en periodos anteriores o que buscan fijar un marco de debate previo a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
El paquete legislativo incluye la radicación de una nueva reforma tributaria por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila, la cual proyecta un recaudo de 21 billones de pesos mediante el incremento del IVA a los combustibles, los juegos de azar y el comercio electrónico para atender el déficit fiscal. En materia de educación, el ministro Daniel Rojas y la representante Isabel Vera presentaron la modificación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para garantizar recursos crecientes a las instituciones de educación superior públicas. Asimismo, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la bancada del Pacto Histórico insistieron por tercera vez en la reforma al sistema de salud enfocado en el giro directo y la atención primaria, tras su segundo archivo en la Comisión Séptima en diciembre pasado.
El listado de iniciativas se completa con la reactivación de la jurisdicción agraria —proyecto que busca crear jueces especializados en conflictos rurales y que se hundió por falta de cuórum el mes pasado— y el séptimo intento de la ley de prohibición del fracking. Esta última iniciativa choca directamente con la postura de De la Espriella, quien ha promovido el desarrollo de yacimientos no convencionales bajo criterios técnicos. Aunque el trámite de estos proyectos enfrenta la oposición del bloque uribista y de las bancadas afines al nuevo Ejecutivo, la coalición del Pacto Histórico busca aprovechar su condición de bancada mayoritaria para consolidar su plataforma de control político desde el inicio del nuevo cuatrienio.
