La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), señalándolo como pieza central en uno de los mayores entramados de corrupción de la actual administración. El ente acusador imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, relacionados con la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira. Según las investigaciones, esta operación generó sobrecostos superiores a los 16.000 millones de pesos, recursos que habrían sido desviados para el pago de dádivas y sobornos a legisladores a cambio de apoyo a proyectos gubernamentales.
La radicación de este documento se produce luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara, por segunda ocasión, los preacuerdos que buscaban reducir la condena del exfuncionario. Ante este escenario judicial, López manifestó por escrito su voluntad de aceptar los cargos y someterse a una sentencia anticipada, ratificando su compromiso de continuar colaborando con las autoridades. En una misiva reciente, el exdirector aseguró que su decisión de cooperar es irreversible y que está dispuesto a revelar detalles adicionales sobre el desfalco total a la entidad, el cual se estima asciende a los 380.000 millones de pesos.
En paralelo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad provisional por vencimiento de términos presentada por los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Ambos excongresistas, capturados en mayo del año pasado, continuarán recluidos en el centro penitenciario La Picota mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado. La justicia investiga si los parlamentarios recibieron parte de los recursos desviados de la Ungrd para facilitar el trámite de reformas legislativas en el Capitolio Nacional.
El avance de este caso mantiene en alerta al sector político, dado que Olmedo López ha prometido entregar una lista de 25 implicados que habrían participado o se habrían beneficiado de las irregularidades en la gestión del riesgo.
