Giro en el caso de María Camila Potosí: Medicina Legal confirmó que el bebé no estaba en su vientre
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Un trágico giro tomó la investigación sobre el asesinato de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años con ocho meses de gestación que fue hallada sin vida en el corregimiento de La Buitrera, en Cali. Tras los análisis forenses preliminares, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó a los familiares de la víctima que la bebé no se encontraba en el vientre de la mujer al momento del levantamiento del cadáver. Ante este hallazgo, la madre de la víctima, Alba Rubí Gómez, hizo un llamado público de urgencia para que la persona que tiene en su poder a la recién nacida la entregue sana y salva.
María Camila fue vista por última vez el pasado jueves 16 de julio en el sector de Polvorines, luego de asistir a un control prenatal y acompañar a un familiar convaleciente. Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que la joven abordó una motocicleta conducida por otra mujer a las 4:02 p. m., vehículo en el que se había desplazado durante la jornada. Tras perder contacto con ella, la familia emprendió su búsqueda en hospitales y zonas aledañas hasta el domingo 19 de julio, cuando su cuerpo fue hallado a orillas del río Meléndez envuelto en una sábana, con las manos atadas, heridas de arma blanca y evidencias de tortura. La conductora de la motocicleta se presentó voluntariamente ante las autoridades, pero las inconsistencias en su declaración forman parte de las líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades locales y departamentales activaron un bloque de búsqueda especial para dar con el paradero de la lactante. El personero de Cali, Gerardo Mendoza, solicitó máxima celeridad en los operativos de rescate, mientras que la gobernación del Valle del Cauca, liderada por Dilian Francisca Toro, sumó 50 millones de pesos a la bolsa de incentivos de la Alcaldía de Cali, completando una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información certera que permita capturar a los responsables y recuperar a la menor.
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