Gobierno radica proyecto de ley de sometimiento a la justicia en el Congreso, ¿en qué consiste?

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino, radicaron ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Sometimiento con solicitud de mensaje de urgencia. La figura legislativa permitirá que la iniciativa sea debatida de manera conjunta en las comisiones primeras de Senado y Cámara, reduciendo el trámite a tres debates. El proyecto busca establecer un mecanismo jurídico formal para que los integrantes de bandas delincuenciales y organizaciones armadas ilegales se entreguen a la justicia ordinaria a cambio de beneficios penales prefijados.

La propuesta reemplaza el esquema de negociación previa por una oferta unilateral de sometimiento a la Constitución y la ley, dirigida a actores armados o terroristas a quienes no se les otorgará reconocimiento de carácter político. El articulado fija condiciones diferenciadas de sanción: los líderes o personas con poder de mando podrán acceder a una rebaja de pena no superior al 30%, mientras que para los demás rangos o integrantes de la estructura la reducción podrá ser de hasta el 50%.

En materia de reclusión y beneficios judiciales, el ministro de Justicia, Iván Cancino, precisó que las condenas se cumplirán en establecimientos carcelarios ordinarios, sin sitios especiales ni privilegios. De igual forma, el texto contempla requisitos más estrictos para acceder a la libertad condicional, exigiendo el cumplimiento de las cuatro quintas partes de la pena en lugar de las tres quintas partes fijadas en el régimen ordinario, además de la entrega de bienes e información sobre el funcionamiento de las organizaciones.

De lograr la aprobación parlamentaria, el ministro Rodrigo Lara indicó que la Ley de Sometimiento se incorporará dentro de la actualización de la Ley de Orden Público, cuyo trámite debe concluir antes del 5 de noviembre por el vencimiento de la prórroga vigente. El jefe de la cartera del Interior señaló que la norma brindará un marco jurídico para la desmovilización de estructuras criminales dentro de los canales institucionales, sin la apertura de mesas de diálogo de contenido político.